Disminuir fisuras en los sistemas de control y fortalecer el control popular

En cumplimiento de un mandato del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados reunidos durante la V sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, correspondiente a su X Legislatura, aprobaron dos documentos normativos que fortalecen el control en las entidades y Organismos de la Administración Central del Estado y otras de subordinación local, y potencian la participación popular para hacer cumplir las leyes y decretos leyes aprobados en el país.

“Se trata de establecer un control más efectivo y sistemático sobre las leyes que se aprueban, y el rigor en la exigencia de su cumplimiento”, aseguró el Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

Los documentos sometidos a consideración de los diputados, y posteriormente aprobados durante la segunda jornada de trabajo de los parlamentarios cubanos, fueron “Las acciones para perfeccionar el ejercicio de control popular por los Órganos Locales y el control asambleario en la implementación de las leyes”, así como la “Política para lograr el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones y el fortalecimiento del asesoramiento jurídico”.

Con la presencia, en la sala principal del Palacio de Convenciones, del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fueron reiterados la necesidad de perfeccionar y consolidar el control de los procesos administrativos en entidades del país, y el estímulo a la participación popular en el seguimiento a las actividades que se desarrollan a nivel territorial, a partir de la complejidad del escenario actual que favorece la aparición de causas y condiciones para el surgimiento de las ilegalidades, el delito, la corrupción e indisciplinas sociales que vulneran la institucionalidad.

 El vicepresidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, Carlos Rafael Fuentes León, al presentar “Las acciones para perfeccionar el ejercicio de control popular por los Órganos Locales y el control asambleario en la implementación de las leyes”, reiteró la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la actividad del Poder Popular y la dimensión de la participación popular dirigido al ejercicio de control.

El documento tiene en cuenta, en sus cuatro capítulos, los procedimientos para la evaluación de las acciones de control por los Consejos Populares, las comisiones de trabajo, otras acciones para incrementar y perfeccionar el ejercicio de fiscalización popular por los Órganos Locales, y la Rendición de Cuenta como una de las vías de participación popular tuteladas por la Constitución.

En este punto de la agenda, fue ratificado que los Órganos Locales del Poder Popular no son los únicos que ejercen el control, también tienen esa facultad los Presidentes de los Consejos Populares, delegados de base, y la población en virtud de los servicios que reciben en las comunidades.

Al valorar el impacto que debe tener la labor de control atendiendo al documento presentado, Esteban Lazo Hernández manifestó que el propósito es lograr una transformación en la mentalidad de todos, desde el nivel nacional hasta el territorial, y viceversa.

“No es un documento acabado, pues está en constante perfeccionamiento en dependencia de la práctica cotidiana para su enriquecimiento”, acotó Carlos Rafael Fuentes León.

Legitimar la figura del asesor jurídico

Al presentar la propuesta de política para lograr el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones y el fortalecimiento  del asesoramiento jurídico, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, argumentó que el escenario en que se desarrolla la actividad económica empresarial y comercial exige, por su complejidad, de la ética y profesionalidad de los especialistas y operadores del derecho que intervienen en los principales procesos de las entidades.

El asesoramiento jurídico, explicó,  requiere de juristas preparados y con una conducta que facilite la solución de los problemas y el acompañamiento de los principales procesos. En ese sentido, la política, aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el 1 de julio del 2025, define conceptos sobre la actuación cotidiana de los directivos del país referidos a la exigencia y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que son imprescindibles para lograr el desarrollo de la Nación en un ambiente de legalidad y orden.

Al respecto, señaló el ministro,  se han aprobado un grupo de medidas. Entre ellas citó el reforzamiento del control a la implementación de las leyes. Para ello, se tiene que exigir en la actuación cotidiana de los directivos del país el principio de que el cumplimiento de las disposiciones jurídicas es, en primer orden, responsabilidad de cada una de las instituciones que abarcan su objeto de regulación. También mencionó la exigencia y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que debe ser responsabilidad máxima del órgano, organismo o institución rectora del objeto de regulación de la norma jurídica.

Señaló Silvera Martínez que se refuerzan las acciones de exigencia por el Gobierno de la República sobre la creación o correcta definición de las estructuras internas de las instituciones encargadas del cumplimiento de las disposiciones jurídicas y de su control y exigencia.

El Ministerio de Justicia, indicó su titular, participará y, a decisión del Primer Ministro,  ejercerá la rectoría, exigencia y control a los organismos de la Administración Central del Estado y su sector empresarial de los sistemas de trabajo establecidos para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas. Por su parte, las direcciones de justicia provinciales y municipales se encargarán del control de estos sistemas de trabajo en las entidades de subordinación local que cuentan con asesoramiento jurídico propio, mientras que las consultorías jurídicas provinciales y los bufetes colectivos del control a las entidades contratadas para la prestación de esos servicios.

Para el cumplimiento efectivo de estas medidas, afirmó el ministro de Justicia, es necesario, como principal prioridad, incrementar la calidad del asesoramiento jurídico en la contratación económica, con énfasis en las relaciones entre el sector estatal y no estatal, en materia de precios, en los temas de cobros y pagos, en las cláusulas de calidad, en la producción de alimentos y su comercialización, en los encadenamientos productivos, en los negocios internacionales y en las modalidades de inversión extranjera, entre otras actividades.

Es imprescindible, consideró,  que en los organismos, instituciones y sectores empresariales se fortalezca la unidad de las áreas jurídicas de economía, contabilidad, logística, comercial, auditoría o control interno. También se debe exigir de forma gradual y progresiva la obligatoriedad del asesoramiento jurídico en todas las pequeñas y medianas empresas.

De igual forma, se debe avanzar en un concepto de asesoramiento jurídico más integral y de acompañamiento permanente que incluya el cumplimiento de las disposiciones jurídicas sobre organización y funcionamiento estatutario, contratación, precios, impuestos, derechos laborales.

Al respecto, señaló Silvera Martínez, la política incluye  un grupo de acciones concretas que permitirán lograr un impacto favorable en la implementación de las leyes en los sujetos de la economía y el cumplimiento de la institucionalidad y mayor eficacia de las normas jurídicas en beneficio del desarrollo integral del país.

Un tema político e ideológico

“Cuando usted participa, se convierte en parte y esencia de ese control”, dijo el diputado por la capital, Yuri Valdés Balbín, al iniciar los debates, tras la presentacion de los documentos. Más adelante agregaba que “el control no puede ser espontáneo”.

Mientras, Karla Santana consideró, en relación al ejercicio de control, que “no solo es importante en la vida económica sino también en lo social, y debe ser sostenible”.

Control, participación, representación popular y Consejo Popular, resultaron términos recurrentes durante las intervenciones en el plenario.

¨Porque ninguna forma de control sustituye a las demás, pero todas deben articularse¨, según el criterio de Yoamel Acosta Morales, de La Habana, al destacar el carácter abarcador e integral de los documentos aprobados, y la importancia y alcance en tiempos como los que vivimos.

“Necesitamos ponernos todos los cubanos, juntos, a construir el proceso de construcción social, que es la Revolución”, señalaba.

Lo significativo que resulta darle una mayor connotación a la figura del asesor jurídico en acompañamiento a las administraciones, estuvo también presente en las numerosas intervenciones “es una manera de perfeccionamiento  importante para los juristas, por la concepción novedosa que establece la política, en cumplimiento del marco normativo aprobado”, en esos términos habló la camagüeyana Lilia María Hernández.

A propósito de los debates del importante punto en la agenda de trabajo de los diputados, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, manifestó que “lo más importante es tener claro los principios y los conceptos”.

Propuso evaluar la incorporación de varias de las propuestas realizadas por los diputados, para posteriormente, trabajar en un método que identifique cómo establecer vías para medir el impacto de las acciones vinculadas con el control popular y sus impactos.

“Nuestro sistema político está concebido para que exista el control y participación popular, sin uno, no es posible el otro”, concluyó.