La Reforma Agraria, primera ley de la Revolución

Pedro Ríoseco
Granma
Esta ley fue la más trascendental de las medidas de la Revolución en su primera etapa, pues benefició a más de cien mil familias campesinas y liquidó al latifundismo y el dominio imperialista sobre nuestras tierras

No podía ser de otra manera. La primera ley promulgada por la Revolución Cubana, el 17 de mayo de 1959, fue la Reforma Agraria prometida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en su alegato durante el juicio por el asalto al Cuartel Moncada, conocido como La historia me absolverá.

Firmada simbólicamente hace 62 años en la Comandancia Rebelde en La Plata, Sierra Maestra, esta ley fue la más trascendental de las medidas de la Revolución en su primera etapa, pues benefició a más de cien mil familias campesinas y liquidó al latifundismo y el dominio imperialista sobre nuestras tierras.

Anuló también el derecho de las empresas e individuos extranjeros a poseer tierras en Cuba, salvo aquellos que fueran pequeños agricultores. Los latifundistas nacionales y extranjeros se alinearon, entonces, con las conspiraciones y agresiones contra la Revolución Cubana.

Esta primera ley fijó en 30 caballerías (402 hectáreas) el máximo de tierra que podía poseer una persona, y dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para aplicar las medidas adoptadas, el cual sería presidido por el entonces Primer Ministro Fidel Castro.

La Ley constaba de 15 Por cuantos, 67 Artículos, siete Disposiciones transitorias y una disposición final, la cual le confería rango constitucional al declararla parte de la Ley Fundamental de la República.

Entre las causas enunciadas por el Gobierno Revolucionario para promulgar esta primera Reforma Agraria estaba la concentración existente de la propiedad de la tierra en pocas manos, donde el 1,5 por ciento de los propietarios poseían más del 46 por ciento del área nacional de tierras.

Las tierras cultivables eran desaprovechadas en las grandes fincas, con áreas empleadas en producciones de bajos rendimientos, explotación extensiva de la ganadería, y otras extensiones totalmente ociosas o cubiertas de marabú que era necesario rescatar para las actividades productivas.

El objetivo social era sacar de su miseria tradicional, a la inmensa mayoría de la población rural de Cuba, eliminar la aparcería y la producción extensiva de los grandes latifundios, y sustituirla por una producción cooperativa, técnica e intensiva, con las ventajas de la producción en gran escala.

De igual forma, facilitaba el crecimiento y diversificación de la industria cubana, el aprovechamiento más eficaz de sus recursos naturales y humanos, y la eliminación de la dependencia del monocultivo agrícola. El surgimiento y extensión de nuevos cultivos proveerían a la industria nacional de materias primas, elevaría la capacidad de consumo de la población, el nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales, contribuiría a extender el mercado interior y ampliaría los renglones de producción agrícola con destino a la exportación como fuente de divisas para las necesarias importaciones.

Esta fecha fue instituida entonces como el Día del Campesino y dos años después, el 17 de mayo de 1961, se creó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

En 1963 se aprobó una segunda ley de Reforma Agraria que establecía la nacionalización, y por consiguiente la adjudicación al Estado Cubano, de todas las fincas rústicas con una extensión superior a sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías de tierra).

Se exceptuaban de lo dispuesto las fincas que desde antes de la promulgación de la primera Reforma Agraria estuvieran siendo explotadas en común por varios hermanos, siempre que la parte proporcional de la extensión de dichas fincas que corresponda a cada hermano no exceda de sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías).

No se consideraron para nacionalizar las áreas concedidas en propiedad a cooperativas agrícolas de producción organizadas por el INRA para la explotación de tierras del Estado, entre otras causales contempladas en la ley.