En apenas unas horas la actual administración de Donald Trump, bajo el aliento de figuras de la ultraderecha, ha dado un salto hacia atrás de décadas en lo
que respecta a la política de Washington hacia Cuba, con medidas que refuerzan el bloqueo comercial, económico y financiero contra La Habana.
Este miércoles Mike Pompeo anunció que su gobierno permitirá a partir del 2 de mayo que se establezcan demandas ante tribunales norteamericanos contra empresas extranjeras
presentes en Cuba que gestionan bienes nacionalizados tras la Revolución, al amparo del título III de la ley Helms-Burton, el cual se encontraba suspendido desde hace más de 20
años, entre otras razones, por las nefastas consecuencias para el sistema legal norteamericano y sus socios comerciales.
El título III está considerado por expertos como contraproducente en el Derecho Internacional toda vez que tiene un marcado carácter extraterritorial al afectar intereses
legítimos de terceros e incluso ampara a los estadounidenses que tengan demandas certificadas contra Cuba, aunque no fuesen ciudadanos norteamericanos en el momento de la nacionalización.
Unas horas después, pero desde Miami y aupado por una audiencia integrada por mercenarios derrotados en Playa Girón y anticubanos con un expediente terrorista, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, anunció un nuevo paquete de sanciones contra Cuba dirigidas a limitar los viajes de estadounidenses a la Isla, el envío de remesas y las operaciones financieras de la mayor de las Antillas.
En su discurso Bolton anunció además medidas contra Venezuela y Nicaragua y subrayó que el propósito de la actual administración es lograr el derrocamiento de la revolución bolivariana en Venezuela y afectar también los gobiernos de Cuba y Nicaragua, a los cuales calificó en un discurso anterior como troika de países que no son del agrado de Washington.
El asesor norteamericano se distanció de la política del presidente norteamericano Barack Obama, antecesor del republicano Donald Trump, y con el cual se restablecieron las relaciones entre La Habana y Washington el 17 de diciembre de 2014.
Ambos pronunciamientos fueron recibidos con decepción y reproches por la comunidad internacional y políticos norteamericanos, que consideran estos pasos como lamentables y con consecuencias negativas para el pueblo cubano, terceros países y los propios intereses estadounidenses.
Canadá y la Unión Europea anunciaron que protegerán los intereses de sus empresas y nacionales por todas las vías, incluyendo la interposición de demandas ante la Organización Mundial del Comercio y la aplicación de sus leyes antídoto, aprobadas desde 1996.
Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, rechazaron enérgicamente las medidas, las cuales consideran condenadas al fracaso y violatorias del derecho internacional.
La Cancillería caribeña recordó que en el mismo año en que entró en vigor la Ley Helms-Burton, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, por lo que la normativa estadounidense es inaplicable de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la mayor de las Antillas.
Estas acciones se inscriben en el incremento sostenible de la agresividad de Estados Unidos hacia Cuba, llevando las relaciones a un nivel de deterioro como nunca antes. Entre las acciones más cercanas se encuentra la ruptura de un acuerdo de las Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol y las sanciones contra barcos que transportan crudo venezolano con destino a Cuba.
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