Una Ley para asfixiar a Cuba

La llamada “Ley Garrote”, esa que se diseñó para codificar el bloqueo a Cuba, incluso arrebatando prerrogativas al presidente de Estados Unidos, es un claro ejemplo de todos los esfuerzos que desde el país norteño se realizan para doblegar al pueblo cubano.

El 12 de marzo de 1996 entró en vigor la Ley Helms-Burton. Las presiones a terceros países para evitar el comercio con la nación caribeña y un sistema de represalias legales contra las compañías que lo hacen es uno de los elementos que evidencian la extraterritorialidad y el carácter genocida de la propuesta legal impulsada por el senador  Jesse Helms y el representante Dan Burton y que fue formada por el entonces presidente demócrata Bill Clinton.

Con un claro componente colonialista, este entramado jurídico plantea que el bloqueo persistirá, incluso, si logran derrocar la Revolución. También prevé la instauración de un gobierno títere que garantice las devoluciones a los “afectados” por el proceso de nacionalizaciones.

Respecto a la hostilidad contra Cuba no ha habido diferencias entre administraciones demócratas y republicanas. Donald Trump, exponente del  partido rojo, el 2 de mayo de 2019 aprobó la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, algo insólito hasta el momento. Esto representó una escalada en la internacionalización del bloqueo a esta indómita isla que, a 90 millas del Imperio más poderoso que ha existido, ha sabido resistir su brutal hostilidad, no sin grandes sacrificios.

Al dar luz verde a la aplicación del título III se abrió la posibilidad a nacionales estadounidenses a presentar ante los tribunales de ese país demandas contra todo el que “trafique” con propiedades estadounidenses que fueron “confiscadas”. Esto no es más que la oportunidad para que antiguos dueños de centrales, tierras, industrias e instalaciones, o sus descendientes, puedan llevar a litigio a las empresas que en la actualidad están vinculadas a esos activos.

Profundizar en este tema requiere una mención a la negación estadounidenses de cobrar las indemnizaciones del proceso de nacionalización que se realizó en Cuba a inicios de la década de los 60 del pasado siglo, en gran medida, como respuesta a la hostilidad de la nación norteña contra la naciente Revolución.

En tanto, el título IV prohíbe la entrada a Estados Unidos de los empresarios con negocios en Cuba y, como si esto fuera poco, también extiende esta negativa a sus familiares. Esto es un claro acto de presión. El hecho de saber que por invertir en Cuba tienes cerradas las puertas de la principal economía del mundo es una gran atenuante para los hombres y mujeres de negocios con intenciones de establecer o estrechar vínculos económicos con el país caribeño.