Ley de Comunicación Social: Para toda la sociedad

A pocos días de que entrara en vigor la Ley de Comunicación Social, el pasado 4 de octubre, justo 120 días después de su publicación, es muy pronto para vaticinar su impacto en nuestra sociedad.

“Este es solo el comienzo de un proceso que debe continuar evolucionando y adaptándose a las necesidades de nuestra comunidad. Aunque apenas ha  pasado más de una semana desde su entrada en vigor, es esencial reconocer el intenso proceso de preparación que se ha llevado a cabo en los últimos meses, especialmente desde su publicación en la Gaceta de la República el 5 de junio de 2024”, expresó Bertha Mojena Milián, Directora de Comunicación Institucional del Instituto de Comunicación Social (ICS).

Este esfuerzo ha involucrado a las 16 Direcciones Provinciales de Información y Comunicación, así como a los departamentos en cada municipio. Es importante destacar que, si bien no todos los profesionales en estas áreas cuentan con formación específica en comunicación social, han recibido la capacitación necesaria para acompañar este proceso, añadió.

No es un punto de llegada, sino de partida

Su creación fue el resultado de un extenso proceso de discusión, consulta, de conformación de criterios, de llegar a consenso en varios temas donde participaron diversos actores, incluidos profesionales de la comunicación y el periodismo, académicos e investigadores. Este proceso no solo refleja la voluntad política de la dirección del país, sino que también se enmarca en un contexto más amplio: la aprobación de la política de comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos aprobada en el año 2018.

“La Ley 162 de Comunicación Social, aprobada el 25 de mayo de 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, no solo establece un marco normativo esencial, sino que también se complementa con dos reglamentos: el Decreto 101, que pone en funcionamiento la Ley, y el 102 con 180 artículos, que regula el ejercicio de la publicidad y el patrocinio”, acotó Mojena Milián.

En este proceso, el Instituto de Información y Comunicación Social juega un rol fundamental, pues tiene como misión fundamental dirigir y perfeccionar esta política, promoviendo una cultura de diálogo y consenso en la sociedad cubana. 

Esta Ley, por tanto, no es solo un marco normativo, sino una herramienta inclusiva que abarca a toda la sociedad. Se aplica a organismos, instituciones, entidades y organizaciones sociales y de masas, así como a personas naturales y jurídicas, independientemente de su estatus en el país. Es crucial entender que todos los actores, tanto estatales como no estatales, están obligados a cumplir con esta legislación. Establece además, deberes, derechos y responsabilidades, no solo para los profesionales de la comunicación, sino para todos los ciudadanos.

Asimismo, se regula el ejercicio de la prensa extranjera en Cuba, reafirmando que el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de supervisar su labor. También se dedica un capítulo a la comunicación política y al ciberespacio, reconociendo su relevancia en el entorno actual.

Ante el enfrentamiento a la guerra mediática y cultural y la imposición de elementos colonizadores en la sociedad cubana actual, la Ley establece la necesidad que hay en el caso de la comunicación en ese sentido.

Se hace un llamado a apropiarnos de este entorno para estimular prácticas comunicativas inclusivas, éticas, responsables y seguras que contribuyan a la defensa y consolidación de la sociedad socialista y por ende al bienestar de la población.

“En el ciberespacio debe sobresalir lo más sagrado de los valores auténticos de la nación cubana, que los contenidos que se reflejen, no vayan en contra del orden socioeconómico y político estipulado y decidido en nuestra Constitución y en las demás normas existentes en el país, que respeten los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación ni vulneración de sus derechos”, dijo la directiva.

De igual modo se fomenta la retroalimentación entre  profesionales de la palabra y los usuarios (muestra de participación ciudadana), se promueve la investigación, el desarrollo, la innovación en la generación y socialización de contenidos digitales, así como contribuir a coordinar y propiciar alianzas para la convergencia mediática.

“Esta normativa es vital para garantizar que las personas tengan derecho a una información inmediata, veraz, oportuna, verificable y contrastable. Igualmente establece la importancia de que los ciudadanos puedan realizar reclamaciones ante información errónea o incompleta y que no se le niegue más a la prensa determinadas informaciones a las que tienen derecho”.

Sobre la comunicación en situaciones de crisis, nos comentó la directora de Comunicación Institucional del ICS, que el texto legal establece que todas las estructuras deben contar con un manual de gestión de crisis, permitiendo una respuesta efectiva y planificada ante cualquier eventualidad.

Será un largo camino, pero entre todos podemos transitarlo

La Ley establece un marco claro y estructurado para la comunicación organizacional, abarcando varios ámbitos fundamentales. En primer lugar, se refiere a la comunicación a nivel institucional y organizacional, destacando su importancia en la construcción y posicionamiento de la imagen de las entidades en los medios y plataformas disponibles.

Este aspecto no solo implica una comunicación externa, sino que también abarca la comunicación interna, que es crucial para el funcionamiento eficaz de las organizaciones.

“Para garantizar una comunicación organizacional efectiva, la Ley enfatiza la necesidad de contar con estructuras organizativas que incluyan personal profesional especializado. Este equipo no solo debe generar contenido relevante, sino también participar activamente en la comunicación, asegurando que esté alineada con las dinámicas mediáticas y las necesidades del entorno” manifestó Mojena Milián.

Además, la Ley introduce un tercer ámbito esencial: el comunitario. Este concepto, como explicó la entrevistada, trasciende el espacio físico y se define como una comunidad de intereses. Aquí, se reconocen grupos como asociaciones de animalistas, personas con discapacidades, y comunidades LGTBIQ+, entre otras.

“En el contexto cubano, el ámbito comunitario cobra especial relevancia, ya que es donde se desarrollan nuestra vida en sociedad. Las comunidades son el espacio donde establecemos vínculos, creamos familia, y participamos activamente en la revolución social. Las organizaciones sociales y de masas juegan un papel crucial, pues articulan escenarios de participación y toma de decisiones que promueven la conciencia ciudadana, agregó.

Una de las novedades del cuerpo normativo para el caso del ámbito mediático es que reconoce la existencia de medios fundamentales de comunicación social y de otros medios.

En este sentido define como medios fundamentales a aquellos cuyo papel es informar, educar y entretener, que seguirán siendo propiedad estatal y tienen un papel esencial como mediadores políticos, ideológicos y en la construcción de consenso en nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo a lo que conocemos como medios tradicionales: la radio, la televisión, la prensa escrita y las agencias de noticias, ya sea en sus formatos físicos o digitales.

Pero amplía también a los otros medios, es decir, aquellos que pertenecen a organismos, instituciones, organizaciones sociales o de masas, empresas e incluso actores económicos estatales o no estatales, y están dirigidos a públicos específicos y sus contenidos y perfiles deben responder al objeto social por el cual fue creada esa entidad. Ahí encontramos revistas, publicaciones seriadas digitales o impresas, sitios web, boletines. En todos los casos son los titulares de esos medios los máximos responsables de los contenidos que en ellos se publican.

Esta ampliación del concepto de medios permite una mayor diversidad en la oferta informativa, adaptándose a las necesidades específicas de diferentes públicos y contextos. Además, se establece que los titulares de los medios son los máximos responsables de los contenidos generados.

Quién regula la publicidad, los principios en los que debe basarse, la contratación en los procesos publicitarios, así como las obligaciones de los patrocinadores y anunciantes son otros aspectos que no escapan del análisis de la Ley. “Son el Estado y el Gobierno quienes regulan este apartado, porque esta debe estar dirigida a contribuir a un consumo responsable y sostenible y por tanto basarse en principios morales éticos y estéticos ajenos a cualquier tipo de engaño, discriminación u ofensa a personas o algún sector de la sociedad”, apuntó.

Asimismo, a nuestras organizaciones rectoras, quienes consideran la comunicación como un pilar para el trabajo político, se les reconoce el papel fundamental en ser audaces promotores de la política primero, y después, un permanente impulsor de esta instrumentación jurídica.

La Directora de Comunicación Institucional del ICS hizo un llamado a familiarizarse  con el estatuto, analizarlo en profundidad y, sobre todo, a formular preguntas. Solo así podremos convertirnos en protagonistas en la construcción de una comunicación social más efectiva.

“Es una Ley muy democrática, moderna, histórica porque no tiene antecedentes en Cuba, incluso ni en el continente americano y más allá de nuestras fronteras. Es también teórica y conceptualmente muy fundamentada, se nutre de la práctica comunicacional cubana anterior. Además, asume la comunicación social como un proceso sociocultural de intercambio e información e interpretación de la realidad”, finalizó.

Es fundamental que cada uno de nosotros se involucre en este proceso, que debe abarcar todos los rincones de nuestra sociedad. Juntos podemos fomentar un mayor consenso y una participación activa en las decisiones que impactan nuestro presente y futuro.

Se espera que esta promueva una comunicación más responsable y efectiva, creando un entorno informativo más organizado, capaz de transformar la comunicación social en beneficio de Cuba y su pueblo. Por ello, reiteramos que esta es una Ley que nos concierne a todos. Es un llamado diario a reflexionar sobre el papel que cada uno debe desempeñar para hacerla cumplir y asegurar que sea accesible para todos. Con esfuerzo conjunto, podemos lograrlo.